En la última semana y como parte de un hecho histórico que posiblemente no terminamos de dimensionar, la Organización Naciones Unidas (ONU) aprobó, con el voto positivo de 136 países miembros y solo 6 en contra (EEUU, Canadá, Alemania, Israel, Japón y Reino Unido) la resolución en base a una propuesta argentina sobre reestructuración de la deuda.
Para el país en general, la decisión de encarar el desendeudamiento externo tomada por el gobierno de Néstor Kirchner a partir de 2003 – que explica la ofensiva buitre - es absolutamente determinante. Por supuesto, y aunque a veces no se diga tanto, quienes trabajamos en educación no estamos ajenos a sus resultados.
Esa determinación posibilitó dejar atrás el modelo neoliberal implementado a partir de 1976, que en educación, como en el resto de los aspectos socioeconómicos, basó su reproducción en la fuerte exclusión de los sectores populares; achicamiento y ajuste sobre la educación pública; reducción de salarios y condiciones laborales; pérdida de derechos en general.
El salto hacia el 6% de un PBI en fuerte crecimiento establecido por la Ley de Financiamiento Educativo (26.075) en 2006 – sancionada no casualmente, un año después del primer canje de deuda - no hubiera sido posible sin aquella decisión inicial, que le quitó poder de definición al Fondo Monetario Internacional y por tanto, le brindó al Estado argentino la posibilidad de aumentar sus márgenes de autonomía y determinación sobre la economía local. Antes de 2003 se destinaba casi la mitad de ese porcentaje.
Innegablemente, la batería de leyes que reimpulsaron el sistema educativo en nuestro país, partiendo del paradigma de la inclusión y sentando sólidas bases para avanzar en la educación popular que el deseable desarrollo autónomo de nuestro país demanda, solo fue posible en ese marco.
Sin el desendeudamiento, sin la fuerte determinación para enfrentar al sistema financiero internacional de manera inesperada e inédita para nuestro país, no hubiera sido factible rearticular, implementar y sobre todo financiar el sistema de educación técnico profesional (ley 26.058); la ampliación en la obligatoriedad escolar y programas como la AUH, el PROGRESAR o las negociaciones paritarias anuales tal y como se hizo en toda la etapa kirchnerista.
De 2003 a 2012 el estado destinó 170 mil millones de pesos a Educación. Desde la llegada al gobierno del kirchnerismo, se construyeron más de 1900 escuelas nuevas. Sólo en infraestructura, hubo una inversión de más de $16 mil millones de pesos.
Las demandas de los buitres; los fallos del juez norteamericano Griesa, sumado al fervoroso apoyo de sus aliados mediáticos, políticos, empresarios y sindicales en lo local, suman fuerzas en escarmentar a nuestro país, para que este proceso no se torne en un “mal ejemplo” a nivel internacional.
Planteamos esto, en momentos en que desde esos mismos sectores y sus intelectuales orgánicos les plantean a los obedientes candidatos de la oposición, el regreso incondicional al FMI, como si ese tipo de medidas fueran solo una cuestion de modales y sus consecuencias inocuas para nuestra vida cotidiana.
Que en tal contexto, el candidato a presidente del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, se comprometa a llevar la inversión en educación al 8% del PBI, indica una confirmación del rumbo trazado por los gobiernos kirchneristas, que por supuesto, saludamos y apoyamos.
Ezequiel Arauz, docente (Edukadores Quilmes)
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